Grupo CGI

Servicios de auditoría y asesoramiento

Evaluar y fortalecer los sistemas de gestión interna

 

Auditorías operativas y de gestión de servicios públicos.

Los servicios públicos municipales (suministro de agua potable, limpieza viaria, recogida de residuos, equipamientos asistenciales, educativos o deportivos, etc.), especialmente los que se gestionan de forma indirecta, requieren, para su adecuado control, la realización de auditorías de servicios públicos operativas con la finalidad de valorar el nivel de eficacia, eficiencia, y economía alcanzado en la utilización de los recursos, facilitando información que mejore la responsabilidad pública y el proceso de toma de decisiones por parte de los responsables de supervisar o iniciar acciones correctivas.  Los objetivos son:

  • Verificar que la gestión se está llevando a cabo de acuerdo con los contratos y de forma eficiente y eficaz, detectando y cuantificando posibles incumplimientos o ineficiencias.
  • Revisar la adecuada determinación del coste de prestación de los servicios y de los mecanismos de fijación de las tarifas.

Auditorías de cumplimiento de legalidad.

Consiste en un soporte especializado al órgano de fiscalización de la entidad que tiene atribuidas las funciones de control financiero, al objeto de verificar del cumplimiento de las normas y directrices que son de aplicación al Ayuntamiento y a sus entidades dependientes.
El servicio se desarrolla siempre bajo la dirección, coordinación y supervisión de la Intervención municipal, y supone la revisión, mediante procedimientos de auditoría, del nivel de cumplimiento de la normativa aplicable en las operaciones efectuadas por las entidades, principalmente en los siguientes ámbitos: contratación pública, personal, subvenciones concedidas y otorgadas, gestión patrimonial, endeudamiento y tutela financiera, estabilidad presupuestaria, gestión de ingresos.
Como resultado del trabajo realizado se emite un informe donde se emite opinión sobre el cumplimento de la legalidad en las operaciones analizadas, se ponen de manifiesto los eventuales errores o irregularidades detectadas, y se realizan recomendaciones y propuestas de mejora a implantar en los circuitos y procedimientos de la entidad.

Asesoramiento en materia de contratación pública.

La normativa vigente en materia de contratación pública es profusa, compleja y cambiante, y tiene un impacto diario en la actividad de los entes públicos que deben adquirir obras, bienes y servicios para el ejercicio de sus funciones públicas.
La falta de medios especializados puede conllevar falta de agilidad en las convocatorias, tramitaciones y adjudicaciones, y una elevada conflictividad contencioso-administrativa que supone no pocas veces la suspensión o anulación de procedimientos. Para ello, además de asesoramiento general, se proponen servicios de:

  • Análisis y revisión de circuitos y procedimientos de contratación.
  • Elaboración de manuales y guías, adaptados a cada organización, que incluyen modelos de expedientes, modelos de documentos de trámite y modelos de pliegos.
  • Elaboración de Instrucciones internas de contratación para poderes adjudicadores que no son administración pública.
  • Colaboración en la elaboración de expedientes de contratación concretos, que incluye propuestas de informes de necesidad, informes y estudios económicos y pliegos de cláusulas.
  • Colaboración en la valoración económica y técnica de ofertas presentadas a procedimientos de licitación.

Auditorías de Subvenciones.

Las actividades desarrolladas con financiación instrumentalizada mediante subvenciones dentro del ámbito de la administración pública son consideradas actividades de interés público, dado el origen de dichos fondos. En este sentido, es necesario garantizar una total y absoluta transparencia, seguridad y adecuación en la aplicación de estos fondos. Esta auditoría comprende la revisión y verificación de los procedimientos de convocatoria, concesión, gestión y su justificación final, e implica:

  • Revisar los procedimientos de concesión y gestión.
  • Analizar las bases reguladores y normativa asociada a la convocatoria.
  • Revisar los plazos de ejecución realizados por el beneficiario,  la diversidad de documentación justificativa de los gastos y la cuenta final, así como la elegibilidad de los gastos imputados al proyecto analizado.
  • Verificar en la memoria elaborada por el beneficiario la existencia de concordancias entre la actividad realizada y los documentos que sirvan de base para su justificación.

 

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