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Auditoría de suministro de agua en el ámbito local: el paso imprescindible para el control, la eficiencia y la calidad del servicio público

Nov 28, 2016 Dani 0 blog, CGI, Español , , , , ,

Los ayuntamientos necesitan información estratégica para la gestión actual y futura del servicio de aguas, ya sea con el objetivo de modificar el contrato actual de concesión, para mejorar en caso de una nueva licitación o por una eventual municipalización del servicio.

El servicio de suministro de agua potable domiciliaria es uno de los servicios públicos establecido como competencia propia de los municipios, según dispone la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. En los últimos tiempos, este servicio público ha sido de forma sistemática en la agenda política y ciudadana, generándose bastante debate sobre la forma en que se gestiona, debido principalmente a los siguientes motivos:

  • Es un servicio básico e imprescindible para el desarrollo de la vida humana y la actividad económica, que es de recepción obligatoria por parte de los usuarios o consumidores y que se presta en forma de monopolio, no existiendo otras alternativas de abastecimiento.
  • Cada vez existe una mayor conciencia social sobre el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales, y en el seno de la sociedad se han generando iniciativas asociativas para promover su uso adecuado.
  • Han ido proliferando noticias sobre abusos e irregularidades cometidos por las entidades encargadas de la gestión de estos servicios.
  • El precio del servicio que pagan los consumidores finales se ha ido incrementando de forma muy significativa en los últimos años.

 

Independientemente de la forma de gestión del servicio y aunque éste sea prestado por una empresa privada, la titularidad corresponde al Ayuntamiento, que es quien tiene la facultad y la responsabilidad de dirigirlo, supervisarlo y controlar su ejecución.

Para ello el Ayuntamiento dispone de todas las facultades y derechos exorbitantes que el derecho administrativo le confiere. La prestación del servicio de suministro de agua potable domiciliaria es prestado en la mayoría de casos mediante formas de gestión indirecta, especialmente mediante empresa mixta o contrato de gestión de servicios públicos en modalidad de concesión. En estas modalidades de gestión, que alejan la prestación del servicio de la estructura municipal, hay dos aspectos que son determinantes para garantizar, que a pesar de esta distancia, las competencias y las facultades del Ayuntamiento no resulten despreciadas:

  • Por un lado el diseño de la licitación y de las condiciones que regirán la prestación del servicio, que deben contribuir a que éste se realice de la forma más adecuada y más transparente posible, estableciendo para el prestador los objetivos de gestión más adecuados y las obligaciones de rendición de cuentas e información del servicio;
  • Por otra parte, el Ayuntamiento debe implementar mecanismos contractuales y de organización interna que permitan el seguimiento y control de la ejecución del contrato por parte de los servicios técnicos municipales, tanto en el ámbito económico, como jurídico y técnico.

 

La imputación de costes de servicios no realizados, el incumplimiento de compromisos de inversión o una retribución al gestor que no incentiva la eficiencia son sólo algunos de los defectos habituales detectados por una auditoría.

Cuando estos requerimientos no se satisfacen, es decir, que los pliegos administrativo y técnico contienen deficiencias en su configuración o que el Ayuntamiento, bien por falta de medios o por falta de personal técnico con los conocimientos específicos requeridos, no ha llevado a cabo un seguimiento adecuado del contrato, se producen incidencias en su ejecución, de las que en nuestra experiencia en la realización de auditorías operativas del servicio de suministro de agua potable domiciliaria podemos destacar las siguientes:

  • Imputación del coste de servicios no realizados
  • Imputación íntegra de recursos sólo destinados parcialmente a la prestación del servicio en el municipio
  • Incumplimiento de los compromisos de inversión
  • Imputación excesiva de gastos indirectos y de estructura del gestor
  • Precios de transferencia excesivos por servicios y obras realizadas por empresas del mismo grupo empresarial del gestor
  • Aplicación incorrecta de los índices de coste en las fórmulas polinómicas de retribución del gestor
  • Modalidades de retribución del gestor que no incentivan la eficiencia sino que suponen mayor retribución cuando más volumen de gasto del servicio
  • Inexistencia de riesgo de explotación por el gestor y ni siquiera de riesgo y ventura

 

Una auditoría operativa del servicio incluye un enfoque integral por medio de un equipo multidisciplinar con técnicos expertos en materia jurídica, económica, y también ingenieros especialistas en el servicio de suministro de agua.

Ello reportará al Ayuntamiento los siguientes beneficios:

  • Verificación de que el contrato se está ejecutando en estricto cumplimiento de las condiciones jurídicas, económicas, técnicas y funcionales establecidas en los pliegos reguladores de la licitación, la oferta del adjudicatario y el contrato formalizado.
  • Conocimiento del coste real del servicio. No olvidemos la naturaleza intrínseca de tasa de la contraprestación que pagan los usuarios, por lo que el coste del servicio limita el máximo que se puede percibir por este concepto.
  • Evaluación de la rentabilidad de la prestación del servicio y la adecuación de la retribución del gestor a los parámetro normales de mercado.
  • Verificación del cumplimiento de los objetivos de gestión mediante la determinación, comprobación y seguimiento de los indicadores clave.
  • Aseguramiento del buen estado de la infraestructura del servicio, tanto desde un punto de vista de conservación como tecnológico, para garantizar una prestación continuada eficaz y eficiente y una política de inversiones sostenible y planificada.
  • Obtener información estratégica de cara a la gestión futura del servicio y la adopción de medidas tendentes a:
    • Una eventual internalización del servicio, si se considera que es la forma de gestión más adecuada y es asumible por el Ayuntamiento.
    • Una futura nueva licitación del servicio, que incorpore estimaciones más precisas y condiciones que subsanen los problemas detectados y contribuyan a una mejor prestación y un mejor control.
    • Introducir modificaciones en el contrato vigente para adecuar la prestación a las necesidades reales del servicio o para ahorrar costes.

Para finalizar, expondremos algunas ideas básicas que consideramos que es importante que queden claras por parte de los responsables municipales de cara a eventuales controversias con los gestores del servicio de suministro de agua potable domiciliaria:

  • El Ayuntamiento es el titular del servicio y para ejercer sus facultades puede requerir del gestor del servicio toda la información que considere necesaria, tanto de forma periódica como puntual, así como efectuar las comprobaciones, fiscalizaciones y auditorías oportunas.
  • Las inversiones que el gestor del servicio realice en la red y en las infraestructuras deben ser previamente autorizadas por los servicios municipales (en cuanto a oportunidad y precio), y posteriormente comprobada su ejecución.
  • No toda variación de gastos o de ingresos del servicio debe tener una repercusión automática en las tarifas ni en la retribución del gestor. El gestor debe asumir el riesgo y ventura de eventuales errores en las estimaciones de su oferta (por ejemplo en relación a los volúmenes de agua consumidos), y también hay que incentivar la eficiencia del gestor para que no le sea indiferente un aumento de los costes del servicio.
  • En los contratos que se establezca la obligación de reequilibrio del servicio, hay que tener en cuenta cuáles son los factores que pueden motivar este reequilibrio, así como el hecho de que el reequilibrio rige en ambos sentidos, tanto en caso de pérdidas como de beneficio excesivo del contrato.
  • En el marco de la actual Directiva de concesiones (Directiva 2014/23 / UE, de 26 de febrero de 2014), hay que considerar que los contratos en los que no se produzca una transferencia significativa de los riesgos operacionales al contratista, no pueden ser considerados como contratos de concesión sino de servicios, con las correspondientes consecuencias de cara al plazo máximo del contrato y otros aspectos jurídicos.

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